Las palabras que en la edición de El País del día 28 de junio de 2010, pone El Roto en boca de un economista: mi trabajo consiste en hacer que lo intolerable parezca necesario,  deberían sonar como un aldabonazo en nuestras conciencias. Desde que el saber se ha hecho tan amplio y nos vemos obligados a especializarnos en alguna disciplina, siempre hay algún técnico dispuesto a taparnos la boca si estamos en desacuerdo con alguna medida. En vez de darnos razones convincentes, nos recuerdan que somos legos en la materia y no podemos opinar. Vencen pero no convencen. Si fuéramos capaces de superar el complejo de no saber, o la pereza por informarnos, quizás seríamos menos fáciles de vencer. O por lo menos deberían explicarse mejor.

 

Pongamos por ejemplo la famosa “reforma laboral”, que ha resultado en un abaratamiento del despido y una mayor facilidad para rescindir los contratos. Vamos a ver: Si una empresa tiene pérdidas porque su facturación disminuye, ¿por qué se le tiene que forzar a mantener el mismo personal que tenía en épocas mas boyantes? ¿Y porqué se tiene que agravar su situación financiera obligándole a pagar unas indemnizaciones a los trabajadores que le sobran? El hecho es que, a menudo, las empresas acaban de hundirse por demorar esta decisión de despedir el personal sobrante.

 

Naturalmente que hay otros factores que influyen en la rentabilidad de la empresa pero aquí vamos a considerar exclusivamente el factor mano de obra. Insisto: si una empresa determinada, pasa por una situación crítica, de la misma manera que no se le puede obligar a seguir comprando unas materias primas que ya no precisa, tampoco se le puede obligar a mantener los empleados que tiene. Lo cual no significa que nos tengamos que olvidar de estos empleados que sobran.

 

La Constitución española dice en su artículo 35: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. ¿Qué pasa con la Constitución? ¿En este punto, hay que cumplirla o no? Y ¿quienes son los encargados de poner los medios para que se cumpla?: los políticos. 

 

Está bien que los políticos atiendan las necesidades de los empresarios, pero no pueden delegar en los empresarios la obligación de asegurar un empleo a los que se han quedado sin él. No pueden decir a la gente: hay que facilitar las cosas a las empresas para que les vaya bien y os den trabajo; y mientras tanto, quedaros en casa que ya os llamarán.

   

La administración, para cumplir la Constitución, tiene que proporcionar un puesto de trabajo a los que resulten temporalmente apartados de la empresa privada. Si estos puestos estuvieran previstos, bastaría con un mes de seguro de paro: el tiempo necesario para indicarle al trabajador la función que se le asigna. Y así resolveríamos, además, el problema de la economía sumergida.

 

Toda esta gente que queda transitoriamente fuera del mercado podría desempeñar una serie de servicios gestionados por las administraciones: limpieza y vigilancia de bosques, restauración de edificios públicos, protección civil, vigilancia contra el vandalismo, atención a los disminuidos, atención a la tercera edad, servicios a la comunidad, programas de ayuda al tercer mundo,  etc. Y los cursos de formación profesional se darían en el seno de estas empresas estatales, asegurando la participación efectiva de los interesados.

 

Claro, todo esto requiere dinero; es decir: más impuestos. No sólo de los más ricos; de todo el mundo. Y claro, saldrán rápidamente los economistas liberales defendiendo que una subida de impuestos retrasará la salida de la crisis, porque la gente consumirá menos y el capital no invertirá. Total que creceremos menos y seremos menos ricos. Pero hay que sopesar si no es preferible crecer menos deprisa, ser menos rico, y que todo el mundo tenga una fuente de ingresos asegurada. Ser rico no es lo único importante en este mundo. De la misma manera que se habla de proteger el planeta y de que la economía ha de ser sostenible, también hay que dejar claro que la economía ha de estar al servicio del ser humano y no al revés.

 

Un apunte para economistas, políticos y sindicalistas: si el trabajador tiene derecho a una indemnización por despido perfectamente determinada en función de los años que lleva trabajando en la empresa, ¿por qué no se permite a las empresas realizar una dotación anual, fiscalmente deducible, para provisionar este derecho?. Esto colocaría a todas las empresas en igualdad de condiciones, fuera cual fuera la antigüedad de su plantilla. Y no agravaría su situación en los momentos especialmente críticos.

2 Comentarios

Categorías Economía y sociedad | Etiquetas: capital, crisis, desempleo, despido, economía sostenible, economía sumergida, economistas liberales, empleados, empleo, empresa, empresarios, impuestos, indemnizaciones, paro, pérdidas, políticos, reforma laboral, rentabilidad, rescindir contratos, Trabajo

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2 comentarios en Hacer que lo intolerable parezca necesario

1. por maria

   En Julio 2, 2010 a las 9:51

   Desde  luego esta opción fortalecería el estado y los ciudadanos podrían participar en ello. Implicaría también un cambio en la administración que debería de estar controlada y vigilada para evitar las corruptelas que tanto abundan. 

2. por jordi sapés

   En Julio 2, 2010 a las 10:52

   Cuanta más interrelación directa hay entre la administración y la población, más difícil es la corrupción. Todas estas funciones que podrían hacer los parados no se contratarían; y ya sabes que la corrupción actúa a través de los contratos.