Los indignados, con su intento de impedir el normal funcionamiento del Parlament de Catalunya, han traspasado una línea roja y han perdido muchas simpatías. De hecho han dado motivos para indignar a una parte muy importante de la población: la gente partidaria del orden y el respeto a las instituciones democráticas.

 

No hace mucho, porque 35 años no son nada, que esta misma gente partidaria del orden, defendían las instituciones franquistas, que tanta paz representaba que habían traído a los españoles. Y se indignaban también contra los que pretendían romperla con manifestaciones y “algaradas” callejeras, promovidas por los comunistas del PCE y el PSUC, que fueron los únicos que lucharon por la democracia. Los demás, o bien eran gente de orden o bien esperaban tranquilamente en sus casa el desarrollo de los acontecimientos.

 

Ahora, toda esta gente, se ha convertido a la democracia y es capaz de tolerar los que no piensan como ellos y de aceptar que haya alternancia en el gobierno, dentro de un orden. Los que no sepan valorar esto, no entienden a Hessel. Rechazar la democracia representativa es ir todavía más atrás de lo que ya estamos retrocediendo. Una cosa es denunciar a determinados políticos y otra muy distinta cuestionar las instituciones democráticas sin tener alternativa. Porque no se puede gobernar un país a base de asambleas en las plazas.

 

Si los indignados no se sienten representados por los políticos elegidos, que elijan a los suyos propios; y si quieren que nadie manipule sus manifestaciones, que organicen un servicio de orden adecuado. Porque seguir por este camino, lo único que conseguirá es que la gente de orden reclame, un gobierno más duro que recortará todavía más los derechos de los ciudadanos.

 

Para muestra, no hay más que ver con que ardor la gente de orden se ha entregado a linchar a los que participan en el movimiento y a quienes se han atrevido a defenderlo. En algunos periódicos se han publicado listas negras con nombres y apellidos bajo la apariencia de artículos, tildando de ingenuos o retrasados mentales a los profesores universitarios, cineastas, periodistas, escritores, libreros y sindicalistas que han caído en la trampa de apoyar el movimiento.

 

O sea que cuidado con cruzar ciertas líneas rojas porque a la derecha ya le va bien.

 

Claro que los políticos elegidos tampoco pueden seguir actuando con un total desprecio por la gente que, en uso de su libertad, lleva días intentando llamar su atención, clamando por un cambio de rumbo en este desastre al que nos está llevando el capital financiero.

 

Porque el desastre es cada día mayor. Las supuestas medidas “necesarias” para recuperar la economía solo sirven para desviar los impuestos hacia el pago de los intereses por los capitales que amenazan con retirar pero nos siguen prestando. Actúan como los usureros que antes aparecían en el momento en que te iban a embargar el piso; con la diferencia de que ahora, además te lo embargan. Proponen a los estados unas condiciones que saben de entrada imposibles de cumplir para, llegado el momento, poderse apropiar de todos los bienes públicos: empresas públicas, aeropuertos, servicios, cajas de ahorro, etc. Están obligando a los estados a privatizar todo esto a precio de saldo.

 

Van apretando, uno a uno, a los países más débiles, con la seguridad de que, llegado el momento, los no tan débiles les cederán otra parte del pastel en forma de “ayudas”. Así que nos tendremos que apretar el cinturón para ayudar a Grecia, que no puede pagar la deuda; y lo haremos gastando menos en sanidad y educación y mandando cada vez más gente al paro o contratándolos de lunes a jueves, para no tener que pagarles sábado y domingo. Ah, y aumentado el IVA que es el impuesto que pagamos cuando vamos a comprar cualquier cosa.

 

La cuestión es que Grecia no puede pagar la deuda porque le han puesto unos intereses abusivos, en torno al 10 por ciento. Y los bancos que le han prestado el dinero lo han obtenido de Banco Central Europeo al 1,25 por ciento.          

 

Y nosotros a callar para no llamar la atención, con el miedo metido en el cuerpo, no vaya a ser que el capital nos señale con el dedo y llegue la hecatombe.

 

Uno de los consistorios elegidos democráticamente hace unos días, ha decidido retirar las becas del comedor a los hijos de los emigrantes. Para ahorrar.  La pregunta es: ¿no hay líneas rojas en este lado del espectro?

La política tiene una función dirigente y una función administrativa, de gestión de los asuntos públicos. El hecho de que en Bélgica todo siga funcionando, a pesar de llevar más de un año sin gobierno, demuestra que, para administrar lo que hay sin pretender modificarlo, no es necesario hacer elecciones ni llegar a acuerdos entre partidos de diferentes signos.

 

Aquí también llevamos aproximadamente un año sin gobierno: desde que Zapatero se constituyó en administrador del mercado, pasando por encima de los intereses de los ciudadanos y de la ideología de su propio partido. Los hubiera servido mejor de haberse negado a cumplir las instrucciones del capital y haber cedido el poder a la derecha, en vez de promover personalmente una política de derechas. Lo que han hecho las municipales y autonómicas, y harán las generales, es poner las cosas en su sitio: las políticas de derecha que las haga la derecha. Por eso en las urnas no se ha discutido ninguna alternativa, porque no la hay: la derecha seguirá haciendo lo mismo que se viene haciendo; aunque con más desparpajo.

 

Si hablamos de susurros en las urnas, en vez de hablar de silencio total, es por el éxito de Bildu en el País Vasco, de Convergencia i Unió en Cataluña y de un cierto repunte del Bloque Nacionalista Galego en Galicia. Ahí tenemos  la cuña del nacionalismo que se resiste a los intentos del mercado de considerar a la población simplemente como mano de obra y potenciales consumidores. En la lucha de los pueblos por mantener su identidad, sea la derecha o la izquierda quienes los representan, sigue habiendo política y contraste de pareceres.

 

Donde empieza a oírse algo es en las plazas. Parece que la gente comienza a salir del letargo o de la estupefacción. Las primeras reivindicaciones que presentan son la mejor muestra del nivel político en el que hemos caído: república, impuestos progresivos, transportes públicos, separación de la Iglesia y el Estado, poder judicial independiente, democracia de base apoyada en las nuevas tecnologías, pleno empleo garantizado por el Estado, respeto por el medio ambiente, empresa pública en los sectores estratégicos, nacionalización de los bancos rescatados, gravamen de los movimientos especulativos, reducción de gasto militar, recuperación de la memoria histórica y condena del franquismo. Resumiendo: el programa político de la socialdemocracia, es decir: el que defendía el PSOE en sus orígenes. Ahora, podemos dar gracias si Izquierda Unida lo respalda; porque estos también parecen conformarse últimamente con pintar de verde las fachadas de los bancos.

 

Pero además de estas reivindicaciones decimonónicas, aparece un nuevo grito: nosotros no somos anti sistema, es el sistema el que es anti nosotros. Por fin una llamada al ser humano: a su capacidad, a su responsabilidad y a su dignidad. En torno a esta llamada ha de constituirse una nueva organización de la política, que continuará necesitando partidos y elecciones. Pero esos partidos no podrán seguir ignorando que en las bolsas se sigue especulando a la baja mientras las administraciones recortan prestaciones sociales y mandan montones de gente a la calle para “restaurar la confianza de los mercados”. No podrán seguir engañando con los ejemplos de “economía doméstica” del  “buen padre de familia que tiene que ahorrar”, cuando lo que hace este “padre” es confiscar los ingresos de la familia para jugárselos en el casino de la bolsa.

 

El sistema político basado en la democracia parlamentaria se sostiene, en teoría, sobre organizaciones llamadas partidos que defienden distintos intereses y presentan diversas maneras de solucionar los problemas de la colectividad. Las elecciones permiten construir mayorías que aplican su programa; y el parlamento da voz a las minorías para que critiquen la política que están llevado a término y sigan presentando su alternativa.

 

Criticar la política de la mayoría es explicar por qué motivo las acciones que emprende el gobierno no resultan eficaces. No es afirmarlo sin argumentarlo. Y presentar una alternativa implica detallar la política que se haría, de estar en su lugar, y los motivos por los cuales esta política se presume más eficaz para los intereses de la población.  No es afirmar simplemente: “nosotros lo haremos mejor”.

 

Pero hay algo peor, que consiste en pasar por encima de la política e ir directamente a cargarse a los políticos. En este caso, la crítica de la oposición al gobierno se basa en que los gobernantes son imbéciles, corruptos, inútiles, traidores, ajenos a los intereses de la población, etc. Y la alternativa reside en conseguir que se vayan para que el poder lo ocupen otros que “lo harán mejor”; aunque nadie sepa lo que van a hacer.

 

De esta manera, las elecciones se convierten en un mecanismo cuya finalidad es echar a los que mandan en un momento determinado para poner a otros. No importa la política concreta que harán. Es una contienda de carácter tribal que se dirime por la fuerza y las emociones negativas, sin rastro alguno de inteligencia y reflexión. Se parte de la existencia de un grupo de incondicionales de cada tribu y se trata de convencer a los indecisos para que voten “en contra” del que está.

 

Así, poco a poco, va disminuyendo el nivel intelectual de la población y su capacidad para ampliar la visión del mundo. ¿Para qué vamos a enseñar Filosofía en las escuelas si para rechazar un argumento basta con acusar de hijo de puta al que lo formula?

 

Según las encuestas, los motivos de preocupación más destacados en nuestro país son, por este orden, la falta de empleo y los políticos. Esto demuestra que la inteligencia del pueblo no se ha apagado del todo. O sea que necesitamos trabajo y necesitamos otra clase de políticos; políticos que actúen de otra forma, no que cobren menos, no que haya menos. Defender que haya menos políticos equivale a arreglar la cuestión del empleo a base de reducir la población; autóctona o inmigrada. Por eso los que defienden lo primero también propugnan lo segundo.

 

Igual todos los que pensamos de diferentes maneras, condición inexcusable para la democracia, podemos ponernos de acuerdo en exigir a los políticos el nivel de comportamiento que se consideraba obligado en las aulas de los colegios, años ha. A ver si así, de paso, siguiendo el ejemplo que han de dar los que se consideran a sí mismos capacitados para dirigir la sociedad, conseguimos, restablecerlo también en las aulas.

 

En un momento en el que los políticos han perdido toda clase de poder real y se ven obligados a actuar siguiendo las directrices de los mercados financieros, al menos que hagan lo posible por aumentar el nivel intelectual y afectivo de la población; a ver si las generaciones venideras lo pueden recuperar. Que todos los plenos del parlamento del Estado y de las autonomías se transmitan sistemáticamente por televisión a los alumnos de enseñanza secundaria; de esta manera, todos los chavales podrán tomar ejemplo de los padres de la patria, al tiempo que recuperan el interés por la gestión de la colectividad. 

 

Y que la propaganda institucional emita este mensaje: ¡Vota al más educado!  

 

No sólo se están cumpliendo todas las predicciones que hicimos sino que la realidad va más allá de cuanto podíamos imaginar. Es como si estuvieran pasando la película al revés a toda velocidad: disminuir los salarios de los trabajadores resulta indispensable para competir; alargar la edad de jubilación es necesario porque la población joven autóctona disminuye, al tiempo que obstaculizamos la llegada de inmigrantes; los sueños ecologistas desaparecen ante la necesidad de prolongar la vida de las centrales nucleares; vamos a desmantelar las cajas de ahorro para que las pueda adquirir el gran capital y nos aprestamos a revisar el estado de las autonomías porque no se puede mantener.

 

Todo esto para poder satisfacer a los mercados y evitar que de aquí dos meses los funcionarios se queden sin cobrar sus salarios, porque corremos el peligro de que las administraciones no puedan colocar las emisiones de deuda como lo han venido haciendo desde hace muchos años. Es un chantaje permanente, día sí día no, que se resuelve pagándole al capital especulativo más intereses por adquirir esta deuda. La rebaja de salarios se destina a eso. La socialdemocracia había conseguido un poquito más de pastel y el capital lo está recuperando de nuevo.  

Y estamos todos paralizados asistiendo a algo que se desarrolla sin ninguna clase de disimulo. Nadie conoce lo que pretende hacer la derecha cuando gane las elecciones en este país; pero es mejor así porque el gobierno actual se precipitaría corriendo a realizarlo mañana mismo. Es de suponer que harán lo mismo que hacen actualmente los socialistas, pero de forma todavía más brutal. Y sin embargo se prevé que van a ganar todas las elecciones que se avecinan por mayoría absoluta. Sólo quedarán al margen de este rodillo Cataluña y el País Vasco, que se mantendrán en poder de los nacionalistas catalanes y vascos. Por eso se está empezando a recrudecer de nuevo la campaña contra los catalanes, que vamos a representar el papel de chivo expiatorio tradicionalmente reservado a los judíos.

 

La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué es más fácil dirigir la opinión pública en contra de los catalanes que en contra del capital? Y es una pregunta fácil de contestar: porque hay unas cuantas cadenas de prensa, radio y televisión que se pasan el día azuzando a sus oyentes en contra de los catalanes y no hay absolutamente ninguna que denuncie al capital. Ni medios de comunicación, ni partidos, ni sindicatos.

 

Estamos todos paralizados porque no hay alternativa al sistema económico capitalista; porque, según dicen, aún siendo malo, es el mejor que hay.

 

Bien, pues tendremos que llegar a la conclusión de que la Economía es una disciplina totalmente inútil, que no consigue controlar unas fuerzas que están por encima de la voluntad del ser humano. Hemos conseguido controlar y poner al servicio de la humanidad energías muy grandes, hacer frente a las enfermedades, extender la educación, salir al espacio…pero somos incapaces de hacer frente a una fuerza que se basa en el egoísmo.

 

Y no es un egoísmo personal, emocional, destinado a proteger o a mejorar una situación individual o familiar, es un egoísmo que se justifica y alimenta a sí mismo, un egoísmo entronizado, idolatrado como un dios, mecanizado a través de las instituciones financieras, al que sacrificamos las personas y las familias; un egoísmo que justifica dejar a la gente sin trabajo y desahuciarla de sus viviendas. Un egoísmo que nos hace olvidar las conquistas sociales y nos devuelve a la ley de la selva, a la intolerancia contra el vecino, al sálvese quien pueda. 

 

Conviene que nos preguntemos por qué ya damos por descontado que nos van a rebajar el sueldo y nos van a reducir las pensiones. Y por qué estamos pidiendo que les rebajen el sueldo y las condiciones de jubilación a los políticos en vez de pedir que nos las mejoren a nosotros. Hemos picado. Porque el capital tiene el dinero suficiente como para que nadie en todo el mundo tenga que preocuparse de qué comerá mañana.

 

 

Toda organización de izquierdas que se precie tiene como objetivo una salida progresista a la crisis. IU ha sostenido en su propaganda y en sus documentos que hay una salida progresista a la crisis. La última declaración conjunta de CCOO y UGT de análisis y propuestas tras la huelga general es un compendio de medidas progresistas para enfrentar la crisis, con un título expresivo: “Recuperar derechos y defender el estado social”. Hasta el gobierno del PSOE, antes de quitarse la careta en mayo, hablaba de una política para remontar la crisis sin regresión del Estado del bienestar.

 

En este afán no hay nada de sorprendente: es lo menos que puede decirse en una situación tan desoladora, donde los ataques a las condiciones de vida de la inmensa mayoría son continuos. Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios para aclarar lo que entiendo por eso de “la salida progresista a la crisis” y la coherencia política y económica que tal demanda lleva consigo. Mi propósito es demostrar que no hay salida progresista sino únicamente un futuro traumático, convulso, propenso a conmociones. Esto para la izquierda implica prepararse para cambios sustantivos que no sólo han de romper con los dogmas neoliberales sino también con la lógica del capitalismo.

 

Una salida progresista debería ocuparse, en primer lugar, de amortiguar los daños más dolorosos y desgarradores de la crisis, y entre ellos destaca el paro. Pero justamente esta crisis es sinónimo de paro, por lo que éste no puede tener remedio al margen de la resolución de la propia crisis. Sólo una medida exógena, de carácter político, tendría efectos notables sobre el paro. Sin embargo, paradójicamente, en las propuestas de salida progresista de la crisis no se encuentra. Me refiero a una medida como la reducción drástica de la jornada laboral que, con todas las dificultades de aplicación y efectos desiguales por sectores y actividades económicos, implicaría nuevos puestos de trabajo. En buena lógica, el lema “trabajar menos para trabajar todos” adquiere en estos momentos de paro masivo y perspectivas oscuras su máxima vigencia, tanto más cuanto que la cuestión salarial que se liga siempre con la reducción de jornada está disipándose con la reducción de los salarios, como en el caso directo y contundente de los funcionarios. Es el momento de hablar de salarios y jornada en todos los ámbitos del debate y la negociación. Y resulta extraño que una reivindicación histórica como las 35 horas semanales haya desaparecido justo cuando más necesaria es y más inexorable parece.

 

La protección a los parados es, sin discusión, un aspecto ineludible de toda salida progresista. Nadie puede estar condenado al desempleo y al mismo tiempo a no disponer de unos ingresos mínimos para hacer frente a las necesidades vitales esenciales. Las prestaciones por paro se agotan y las subvenciones no están garantizadas. He aquí un terreno donde el combate está más que legitimado y donde se contará con amplias bases para la lucha, pues son y serán millones los afectados, que por necesidad estarán dispuestos a ella si se les proporciona los cauces organizativos adecuados.

 

Por la naturaleza de la crisis en nuestro país, el impago de las hipotecas está llevando a cientos de miles de familias al deshaucio. No puede ser. Toda salida progresista debe incluir propuestas de acción para impedir los desahucios. Y, asimismo, la crisis inmobiliaria, fruto de tantos desmanes y explotación, ha puesto sobre el tapete la exigencia de revisión de la naturaleza jurídica de los préstamos hipotecario que, como créditos personales, ahora impiden liberar a los atrapados de sus cargas y los ligan casi de por vida a ellas, a veces hasta a sus herederos y eso después de haber perdido la propiedad de sus viviendas.

 

En positivo, una salida progresista implica reforzar las funciones redistributivas del sector público y de atención a los servicios públicos, con las pensiones y las prestaciones a los parados a la cabeza, en el caso de las primeras, y la sanidad y la enseñanza, en el caso de la segundas. Otras muchas reivindicaciones pueden levantarse, como pueden ser los gastos para atender las discapacidades de todo tipo y las situaciones de dependencia, al punto de que, siendo tan raquítico el Estado del bienestar en nuestro país en comparación con los países más avanzados de Europa, medido por el porcentaje de los gastos sociales públicos en relación con el PIB, el terreno para avanzar es enorme y podría constituir un campo idóneo para fomentar el progresismo de la salida a la crisis.

 

El mundo laboral lleva muchos años degradado y su descomposición se ha agravado con la crisis. La última reforma laboral ha supuesto una bomba muy destructiva de las relaciones laborales, aparte de sus consecuencias en las facilidades y abaratamiento del despido. La enorme precariedad constituye un terreno abonado para toda ofensiva contra los trabajadores y es necesario acabar con ella como condición indispensable para recomponer la fuerza y capacidad de negociación de los trabajadores y los sindicatos. Los salarios se reducen a ojos vistas y, además de fomentar una creciente desigualdad social, son un factor que está profundizando la depresión económica. Este es otro campo, todo lo relacionado con los derechos y las condiciones laborales, en que la salida progresista tiene tajo en que ocuparse.

No se escapa a nadie que todo intento de hacer una sociedad menos desigual y mejor atendida en sus servicios básicos pasa por procurarse un sistema fiscal más justo, con más poder recaudatorio y donde se combata el fraude. La regresión sufrida por el sistema fiscal español es notoria: de ahí que toda salida progresista tenga en la fiscalidad un filón inexplorado para ahondar.

 

Como la crisis ha puesto de manifiesto, habrá que ampliar las posibilidades de intervención y regulación del Estado para impedir que en el futuro sucedan acontecimientos equivalentes a los que se sufren ahora. Surge así la necesidad, cuando se plantea la salida progresista, de impulsar una banca pública capaz de atender las necesidades de financiación de empresas y actividades viables, liberándolas de las garras del sistema bancario privado, que debe someterse a controles y restricciones que eviten crisis financieras como la actual. El tema de las nacionalizaciones de aquellos sectores que por su papel estratégico en el funcionamiento de la economía están en condiciones de chantajear al Estado y a la sociedad no puede estar ausente de toda salida progresista, y el sistema financiero ocupa un lugar preeminente a este respecto.

 

Cabría añadir que la sociedad en su conjunto debería adquirir los instrumentos y los resortes necesarios para poder instrumentar una política económica e impulsar un modelo económico distinto del que ha dejado descarnadamente al descubierto esta crisis.

En suma, una salida progresista a la crisis es aquella que permitiría mejorar el estado del bienestar, fortalecer los derechos laborales y la capacidad de negociación de los trabajadores, reducir las desigualdades económicas y sociales, y potenciar los recursos e instrumentos del Estado para conducir a la sociedad por derroteros distintos de los que nos han conducido a esta crisis pavorosa.

 

Todo lo anterior rezuma sensatez y, con los matices y añadidos que se crean necesarios para afrontar otros aspectos de la crisis o corregir otros daños graves colaterales de la situación -como son los de la sostenibilidad ecológica o la regresión en la igualdad y liberación de la mujer, la necesidad de acotar la desaforada especulación financiera con algún impuesto, la exigencia de combatir los paraísos fiscales de manera contundente- se tendrían los criterios fundamentales para pergeñar un programa ampliamente compartido por toda la izquierda. Ningún debate sobre todo esto está cerrado pero, en general, puede lograrse un acuerdo sobre las líneas básicas de las reivindicaciones a proponer y los objetivos por los que luchar.

 

Sí, y digo luchar, entrando en lo que es esencial en este asunto de la salida progresista. Sin tener que exaltar principios ideológicos conocidos y experimentados, y sin tener que esforzarse en resaltar cómo la crisis está exacerbando las tensiones sociales, toda la izquierda estará de acuerdo en que serán la lucha y sus resultados los que determinarán el progresismo con el que se pueda resolver la crisis. Tanto es así que cabría establecer una relación bastante estrecha entre el grado de progresismo con que se quiere resolver la crisis y el precio en términos de lucha que costaría, la factura de organización y movilización que hay que pagar. Para muchos avances, mucha lucha. Para cosas modestas, menos, pero también bastante lucha, porque en ausencia de ésta, dada la relación actual de fuerza entre las clases y los vientos desencadenados, se producirán retrocesos. La lucha, pues, para resistir o para avanzar, es el complemento imprescindible de toda oferta política que se haga sobre la salida progresista a la crisis.

 

Todos los llamamientos, las propuestas, la propaganda que se haga sobre la salida progresista, si no van acompañadas de un proyecto político de cómo reforzar ideológica y organizativamente a la izquierda, de cómo unirla y hacerla confluir, son un brindis al sol.

 

Surge muchas veces una competición entre la fuerzas de la izquierda por radicalizar sus propuestas para salir de la crisis, al punto de que se pierde de vista que las batallas políticas no se ganan sobre el papel sino sobre la realidad social. Una guerra virtual programática es ridícula cuando los objetivos que se proponen son inalcanzables y se olvidan las palancas para ejercer la fuerza que los hagan posibles. Cabe entender el radicalismo como un aspecto necesario de la propaganda, e incluso de la agitación, para expresar el proyecto social que cada fuerza política tiene y la distingue de las demás, pero hay que evitar utilizar los programas como armas arrojadizas para dividir artificialmente a la izquierda cuando tanto terreno ideológico y material nos ha sido arrebatado por la derecha. Unas pinceladas sobre la revolución, el socialismo, el socialismo libertario… bastan para entender el ideario de las fuerzas políticas pero no conviene construir la sociedad del futuro con un radicalismo verbal inútil, surgido de la impaciencia y con base en la imaginación.

 

Y, en efecto, no acaban aquí los problemas relacionados con la salida progresista a la crisis. Es preciso comprender la realidad económica de nuestro país, inserto en la globalización capitalista, abierto de par en par, sin frontera alguna protectora y con un Estado sin resortes ni instrumentos para imponer una política económica propia, tras las importantes cesiones de soberanía que tuvieron lugar con la integración en el euro. Hay que destacar su debilidad competitiva por factores históricos y recientes. Los problemas acumulados -endeudamiento de todos los agentes económicos y déficit público descontrolado-; el contexto en que ha de resolverse la crisis -una crisis financiera internacional no resuelta y pendiente de nuevas sacudidas, una Europa desgarrada, una moneda única insostenible por los desequilibrios que ha causado-; las presiones existentes -de los mercados financieros, las instituciones internacionales y los gobiernos ajenos preocupados por la inestabilidad que se puede transmitir y los agujeros financieros que puede originar un país como el nuestro, relevante por su dimensión a escala europea-; un sistema crediticio en convulsión y con problemas de solvencia y liquidez casi irresolubles; una economía que ha sufrido un estallido inmobiliario. En fin, un caso claro de siniestro total.

 

Este conjunto de hechos condiciona de tal modo y restringe de manera tan acusada las posibilidades de afrontar la crisis que ésta ha dejado de ser una cuestión interna, aséptica y pura de lucha de clases en nuestra sociedad para convertirse en un verdadero atolladero de carácter histórico.

 

Hay que reconocer que la creación de situaciones como ésta, inmanejables y con contradicciones graves cualquiera que sea la opción que se adopte, es una de las victorias del neoliberalismo: haber maniatado a los países, dejándolos inermes y conduciéndolos a un callejón sin salida, donde la alternativa en apariencia menos traumática y más lógica es seguir aplicando el dogmatismo neoliberal. Eso sí, en dosis crecientes. Se ha creado un orden, desorden queremos decir, en el que muchas veces la lucha deja de tener sentido porque las mejoras que puedan conseguirse llevan aparejados efectos tan contraproducente que las hacen discutibles. Las mejoras salariales implican pérdidas de competitividad que, en economías sin protección alguna, implican pérdidas de empleo. Mejoras de los gastos sociales aumentan el déficit público, lo que ocasiona desconfianza de los mercados y subidas de los tipos de interés a satisfacer con perjuicios de todo tipo. Avance fiscales progresistas inducen a salidas de capitales que estremecen a las instituciones crediticias y los Gobiernos. Los ejemplos pueden extenderse, al punto de que realmente estamos en un “impasse”, que aprovecha a fondo la derecha.

 

El necesario afirmar, y está en la conclusión que pretendo destacar, que, en la actualidad y con los problemas vigentes, en el marco de la globalización neoliberal y en el contexto de la unión monetaria, no hay salida progresista a la crisis. El giro emprendido por el Gobierno Zapatero no se debe a su perversidad, sino a la imposibilidad de preservar el Estado de bienestar existente en el marco y las condiciones actuales. Reconocido lo cual, no le exime de responsabilidades en cuanto a la situación generada, la confusión creada, los engaños cometidos y las falsas respuestas a los problemas surgidos, como la última reforma laboral, tan inútil para crear empleo como destructiva para los derechos laborales.

 

Una afirmación tan rotunda requiere de una aclaración inmediata: decir que no hay salida progresista no es lo mismo que decir que las cosas deben continuar como están. La crisis tiene tal naturaleza y tales raíces que no es posible diseñar una política que la supere, pero siempre hay márgenes para introducir cambios que, sin ser solución, mejoren muchos aspectos de una situación social y económica tan degradada. Cabe combatir el fraude fiscal, caben reformas fiscales que mejoren la progresividad del sistema, caben subidas de pensiones mínimas, caben muchos cambios que, sin modificar el fondo de la situación, la harían menos angustiosa para muchos. De ahí, la necesidad de la lucha a la que hemos hecho referencia.

 

Sin embargo el fondo de la cuestión es irresoluble. El país está en una posición de quiebra. Aparte de las deudas que las instituciones públicas y los sectores privados tienen, desde las modestas economías domésticas hipotecadas hasta ayuntamientos como el de Madrid, la economía española con respecto al exterior mantiene una posición deudora tan brutal que simplemente no es ni sostenible ni pagable. Recuerda al veredicto al que se dio al Tercer Mundo cuando se llegó a la conclusión de que los países no podían hacer frente a las cargas de su deuda externa y terminaron en las garras del FMI y sus planes de ajuste estructural. Igual ocurre ahora a nuestro país, sólo que en una dimensión disparatada, propia de la hipertrofia financiera que han sufrido el capitalismo y, en particular, los países del euro, que creían haber descubierto un medio taumatúrgico para endeudarse indefinidamente. Todos los días hay que afirmar que España no es Grecia o Irlanda, ambos países ya bajo la tutela del FMI, que tampoco es Portugal… Mientras, la situación se va degradando, mostrando cada vez más descarnadamente que es imposible evitar una debacle financiera. No pasará mucho tiempo antes de que cualquier acontecimiento prenda la chispa que haga explotar el depósito sobrecargado de la deuda externa.

 

Es preciso comprender, pues, que la sociedad española está abocada a sufrir una catástrofe económica de muy gravísimas consecuencias. El cerco se está cerrando, el tiempo se acorta y los problemas se agravan. Por acotar plazos, puede decirse que el tsunami ya se ha desatado y lo único que queda por saber es el tiempo que tardará en llegar a la costa, la altura de las olas y cuáles serán sus efectos destructivos. El desastre está garantizado, sólo falta saber la envergadura que tendrá y los caminos por los que se recompondrá la sociedad española. Incógnitas hay muchas y las alternativas las determinarán de modo decisivo la política o, lo que es lo mismo, la lucha de clases. De esta previsión surgen unas tareas ingentes para la izquierda, tanto más cuanto que parte de una situación muy débil en todos los sentidos.

 

El viejo dilema de la transición, reforma o ruptura, vuelve a aparecer determinado ahora por la crisis económica en lugar de por la muerte del dictador. Traducido a las alternativas políticas, la concepción de que hay una salida progresista a la crisis lleva a perfilar unas posiciones que hacen hincapié en la lucha contra el neoliberalismo. Sectores importantes de la izquierda se encuentran cómodos definiéndose como anti neoliberales, en una posición que se enmarca en el reformismo, que trata de combatir los aspectos más repudiables del capitalismo pero que no plantea superarlo.

 

Si la conclusión de que no hay salida progresista a la crisis es válida, que no hay márgenes para políticas reformistas, la consecuencia es que el anti neoliberalismo tendrá que trascender a una posición anticapitalista. No se trata de una cuestión semántica, antineoliberalismo frente a anticapitalismo, sino de un tema de fondo, que habrá de irse clarificando en los próximos tiempos y posiblemente con más urgencia de la que se piensa.

 

Por supuesto, en la necesaria convergencia y reforzamiento de la izquierda, la unidad puede y debe prevalecer, pues el estadio de la lucha en que nos encontramos y siendo tan arduo el camino a recorrer hay que marchar unidos, dejando que sean la realidad y las experiencias las que configuren el carácter de la izquierda nueva que ha de surgir de la crisis.

 

Un ejemplo final y reciente aclara lo que trato de explicar. En la huelga general del 29 de septiembre se comprometió toda la izquierda, al margen del radicalismo de posiciones, y su éxito estuvo determinado justo por la confluencia y la unidad de acción de muchas organizaciones y movimientos. Sin embargo, a la movilización le faltó el carácter político y de ruptura que la situación reclama.

 

En la última fiesta del PCE, en los días previos a la huelga general, en el mitin en el que participaban los secretarios generales de CCOO, UGT y el PCE, junto con el Coordinador General de IU, después de un análisis muy crítico de la situación, proponían cambios en el sentido de combatir la versión más cruda del neoliberalismo que en esos momentos había puesto en marcha el PSOE. Pero, sorprendentemente, ninguno de los intervinientes que denunciaban con tal clarividencia la desolación que recorre al país y principalmente a los trabajadores y a sectores sociales más débiles, provocada por un sistema que históricamente empieza a mostrar todos los síntomas de senilidad, agotamiento y perversión, no citaron en ningún momento la palabra socialismo. Tantos años resaltando las contradicciones, la injusticia y la violencia del sistema capitalista y cuando éste se declara en bancarrota se nos ha olvidado la alternativa del socialismo. El enorme retraso que delata este olvido hay que recuperarlo si no queremos que la barbarie nos muestre su rostro más siniestro y terrorífico.

 

 

 

Para entender lo que está sucediendo en estos momentos es imprescindible considerar al sistema económico como algo que está por encima del individuo e influye en su manera de actuar. ¿Qué es lo que mueve el sistema?: el beneficio, el egoísmo particular; y eso vale tanto para los capitalistas como para los trabajadores.

 

El capital lo tiene claro: si presta dinero es para obtener un interés, de tal manera que, a la vuelta, recibe más dinero del que ha invertido. Y a nadie le parece mal, porque es absurdo prescindir durante un tiempo de un dinero propio para que lo utilice otra persona, a saber para qué. El préstamo se justifica porque se obtiene un beneficio.

 

Y esta manera de contemplar el intercambio está igualmente presente en las mentes de las personas individuales y de los grupos corporativos: la gente trabaja para ganar dinero y para ganar la mayor cantidad posible. A la mayoría les da lo mismo en qué ámbito aplican su capacidad de hacer, lo único que les importa es que les paguen cuanto más mejor. Y por supuesto, no están dispuestos a colaborar para nada en todos los objetivos que plantean los ecologistas si esto ha de suponer, en la práctica, un descenso de sus ingresos o un incremento de los impuestos que tendrán que pagar.

 

Si un colectivo está acostumbrado a cobrar 350.000 euros anuales y, de pronto, le dicen que pasará a cobrar 200.000, si tiene la oportunidad de hacer presión para impedirlo, no se lo pensará dos veces. Y el bien común y las vacaciones de los españoles les importan un pimiento; porque, si ellos consiguen recuperar sus 350.000 acostumbrados, nada impedirá que los españoles se vayan tranquilamente de vacaciones. Pero ni hablar de que los españoles se vayan de vacaciones a costa de su salario.

 

Por eso necesitamos un gobierno y unos políticos, porque si el bien común tuviera que depender de la gente normal y corriente, educada en el egoísmo disimulado por aquello de “no hagas mal a nadie pero primero procura por ti”, veríamos cuan rápidamente volveríamos a épocas de la historia que creemos superadas.

 

Afortunadamente, los políticos están por encima del nivel medio de la sociedad y son los que marcan y dirigen la evolución de la humanidad; no porque individualmente sean personas especialmente adelantadas, sino porque su ocupación consiste en atender los asuntos de la colectividad. Es el trabajo que uno hace y los intereses que defiende objetivamente lo que modela su mente, no al revés. Un empresario de un sector concreto, por evolucionado que esté como ser humano, no puede vender más barato y pagar mejores salarios que la competencia si no quiere ver como su empresa desaparece. Y un trabajador no puede aceptar un descenso de salarios por decreto porque se ha pasado toda la vida luchando por ganar más y está acostumbrado al nivel de vida que su salario le permite.

 

Sin embargo, un gobierno puede forzar un incremento del salario mínimo o un descenso del salario de los funcionarios si es en beneficio de colectivo; puede forzar un sistema impositivo que redistribuya las rentas a favor de los más pobres o que permita hacer frente a los costes ambientales; puede forzar el respeto de unos colectivos a los otros: puede forzar toda una serie de cosas que no están al alcance del individuo o de los grupos de presión más o menos organizados.

 

Y los individuos que viven inmersos en una comunidad que fuerza todas estas cosas, acaban respetando unos valores colectivos y considerándolos normales. Lo peor que nos puede pasar es que el gobierno y los políticos dejen de tener la fuerza necesaria para defender los intereses de la sociedad, porque entonces el único criterio imperante será el beneficio y la única consigna será: tonto el último.

 

No hay gente buena y gente mala, hay unas estructuras económicas que obligan a actuar de determinada manera. Hay planteamientos políticos que quieren conservarlas y planteamientos políticos que quieren superarlas. Y hay mucha, demasiada, gente sin planteamiento político alguno. Por eso estamos asistiendo, inertes, a esta debacle del estado del bienestar. Esperemos que la gente normal se canse y se rebote, como lo han hecho con los controladores. Igual así se dan cuenta de la importancia de contar con un gobierno que atienda los intereses generales y no los particulares; y que no se vea obligado a forzar las cosas para darle más interés al capital.           

 

Estamos todos bloqueados, asistiendo impotentes a las exigencias de un capital insaciable que nos exige más y más sacrificios si queremos impedir una hecatombe. Casi dan ganas de que suceda la hecatombe para salir de esta situación de impotencia.

 

Parecer ser que en la reunión que Zapatero ha tenido con los grandes empresarios de este país, estos han exigido mucha más determinación en los ajustes previstos: nada de esperar a que se reúna el pacto de Toledo para llegar a un acuerdo consensuado sobre las pensiones; que el Gobierno se apresure a promulgar por real decreto la jubilación a los 67 años. Así de paso, el Partido Popular tendrá la ocasión de oponerse a ello en el Parlamento y protagonizar un episodio más del ejercicio de hipocresía política más espectacular que se recuerda en la democracia española.

 

Y por otro lado, el aspirante a presidir la patronal de este país, el catalán Rosell, el mismo que quiere echar de los colegios a los estudiantes que suspendan, ahora pretende eliminar la mitad de los ayuntamientos y todas las diputaciones con el objetivo de echar a la calle unos 150.000 funcionarios.

 

Por eso cabe plantearse que estamos asistiendo a una derrota de la Economía, porque los expertos se han quedado mudos contemplando la evolución de las cotizaciones de los mercados financieros; y sólo se les ocurre ayudar a los bancos que, al parecer, son los garantes del sistema. Si es necesario, nos echaran a todos a la calle para no tener que pagarnos el salario y poderles ofrecer a los bancos lo poco que les queda.

 

Hace unos días aparecía en la prensa un llamamiento del famoso futbolista francés Eric Cantona proponiendo que el próximo  7 de diciembre vayamos todos al banco a sacar nuestros depósitos para guardarlos en casa, debajo de colchón. Desde luego esto provocaría la caída del sistema capitalista. Pero la noticia no se daba en las páginas económicas, sino en las que publicitan las andanzas de los famosos; como algo exótico: una ocurrencia de un personaje extravagante. Bueno, pues que no nos pase lo mismo que a los argentinos, que se despertaron una mañana con la noticia de que su fondos bancarios quedaban bloqueados.

 

Claro que si vamos todos a sacar el dinero que tenemos en el banco, pagando la penalización correspondiente en el caso de que lo tengamos a plazo fijo, el banco no podrá responder, porque no lo tiene guardado en su caja fuerte sino que, la mayor parte del mismo, lo tiene prestado. Quizás todos los bancos deberán cruzar su información, para revelar el saldo neto real de que dispone cada cliente una vez deducidos los préstamos que ha de devolver. Habrá quienes podrán llevarse su dinero porque tendrán un saldo positivo y habrá quien, al contrario, tendrá que vender algo para poder cubrir el desfase. Pero no será problema porque estos últimos, en su mayoría, serán gente con mucho patrimonio acumulado.   

 

Estaría bien que empezáramos a pensar qué haremos con nuestro dinero después de haberlo sacado del banco. Lo que es muy cierto es que, si todo el mundo tiene su dinero en casa, a buen recaudo, ¿qué nos importa si los bancos quiebran? Igual podríamos dejar que quebraran los actuales bancos y volver a ingresar el dinero, al cabo de una semana, en un nuevo banco, libre de “bonos basura” y gestionado por el gobierno. De esta manera, igual nos librábamos todos, incluido el gobierno, del chantaje del capital.

 

Todas las situaciones críticas contienen un potencial de cambio susceptible de hacer avanzar la humanidad. Cada vez está más claro que asistimos a una crisis del sistema económico porque nadie acierta a darnos una verdadera solución en los términos de este sistema. Y eso es muy sano, porque si nadie nos da soluciones tendremos que movilizarnos nosotros mismos para encontrarlas;  tenemos que ir pensando en alguna alternativa.

 

Se aceptan toda clase de propuestas. Seguro que no habrá ninguna tan absurda como la de “la mano invisible del mercado” que lo resuelve todo. Y esta se estudia en las facultades de Economía. 

 

Todos habréis oído hasta la saciedad que tenemos graves problemas económicos por haber caído en la tentación de vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿En qué consiste vivir por encima de las posibilidades?: pues en adquirir cosas que están fuera de nuestro alcance. Porque no hay nadie que tire su dinero, lo que la gente hace es comprar algo; y este algo alguien lo ha fabricado.

 

Bien, si unos hemos comprado excesivas cosas y tenemos ahora problemas para pagarlas; tiene que haber otros que las han producido y ahora tienen problemas para cobrarlas. ¿Somos los españoles los manirrotos y los americanos o los alemanes los sufridos productores que fabrican cosas y se abstienen de consumirlas para vendérnoslas a nosotros? No, porque los alemanes y los americanos también tienen problemas por haber caído en la tentación de vivir por encima de sus posibilidades. Y los franceses, los italianos, los ingleses, etc. Todos hemos caído en esta tentación.

 

O sea que tenemos una economía que produce bienes que la gente compra sin tener los fondos necesarios para hacerlo. ¿Y quién produce estos bienes? En el Pirineo hay una leyenda que cuenta de la existencia de unos gnomos que trabajan por la noche si se les deja material y utensilios a sus disposición, pero no parece que este sea el caso. Más bien quien produce estas cosas es la misma gente que después no tiene lo necesario para comprarlas. Y sucede porque los salarios que reciben representan una parte del pastel cada vez más pequeña. La otra parte del pastel es para el capital. Para que podamos comprar las cosas que hemos producido, necesitamos que el capital nos preste dinero.

 

De pronto, el capital se ha asustado porque tiene miedo de que no se lo devolvamos: hay una “crisis de confianza”. Está claro que si una persona tiene graves problemas económicos no le prestaremos dinero por temor a que no nos lo devuelva. Pero la confianza de los mercados financieros no funciona de esta manera; funciona como la del chiste del inquilino que llevaba varios meses sin pagar el alquiler y rogaba al casero que, en vez de desahuciarlo, se lo aumentara. Los mercados no tienen confianza en un país si les remunera el préstamo al 5 por ciento, pero están dispuestos a invertir en él si se lo pagan al 8 o al 12 por ciento. Es extraño ¿no?, porque si no pueden pagarlo al 5 menos todavía podrán pagarlo al 12. Pero no es problema, porque se reúnen todos los gobiernos europeos y conciertan un fondo de ayuda para asegurar el préstamo al 12.

 

La cosa es bien sencilla: basta con amenazar que no nos van a prestar dinero para que los gobiernos acepten pagarlo más caro y con mayores garantías. Es evidente que este chantaje requiere disponer del control directo de grandes masas de capital, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Para eso estamos nosotros, para apretarnos el cinturón y entregar otro pedazo del trozo de pastel que habíamos recibido.

¿Será que no tenemos más remedio? Pues el gobierno de la Generalitat de Catalunya acaba de demostrar que sí hay alternativas; porque, en lugar de acudir a los mercados financieros internacionales, han sacado al mercado unos bonos al 4,75 por ciento anual; y han tenido tal éxito que se han visto obligados a prorratearlos entre la gente que quería suscribirlos. Claro que a la Generalitat los va a pagar al 7,75 porque las entidades bancarias le cobrarán un 3 por ciento de comisión por colocar algo que les están quitando de las manos. O sea: yo tengo dinero en una entidad bancaria y le indico que me compre estos bonos; y esta entidad, por hacer una anotación en el ordenador, ingresará un 3 por ciento del capital que yo suscribo. Y este 3 por ciento lo pagaremos con nuestros impuestos, con independencia de si hemos suscrito los bonos personalmente.

 

Parece que la alternativa está clara: dejemos de acudir a los mercados financieros internacionales que nos chantajean a placer y financiemos directamente a nuestros organismos públicos con nuestros ahorros. Pero que estos organismos dispongan las cosas de manera de que podamos ingresarles el dinero directamente, sin pasar por las cajas y bancos. Simplemente lo sacamos del banco y lo llevamos a donde ellos digan.

 

Por desgracia, el gobierno que ha hecho esta operación, va a caer dentro de muy pocos días. Porque los partidos que están en la oposición aprovechan el caos y la confusión actual para responsabilizar a los actuales gobernantes de la crisis artificial que han provocado los mercados; y se aprestan a tomar el “poder” para privatizarlo todo y desviar otro pedacito de pastel hacia el capital. Con la colaboración de la mayoría de los votantes.

 

Veremos hasta dónde llegará este expolio. Desde luego, a corto plazo, no tenemos muchos motivos para sentirnos optimistas.

El propósito de desmantelar el Estado del Bienestar exige también un proceso de cambio en la mente colectiva.

 

Primero se presenta al marxismo como el responsable del desastre soviético y se le expulsa de las universidades y del ideario de los partidos de izquierda. Estos partidos se convierten en nuevos devotos del capitalismo y se disfrazan de feministas y ecologistas; sólo nominalmente, para no molestar excesivamente al capital.

 

Una vez la izquierda está desactivada, se procede a expandir una política liberal de disminución de impuestos cuyo último propósito es debilitar al Estado. Como consecuencia, el Estado pierde progresivamente su capacidad de atender las reivindicaciones de los ciudadanos que, sin embargo, se continúan fomentando.

 

En paralelo, se difunde la idea de que estas reivindicaciones no se atienden porque los gobernantes malgastan el dinero destinado a los ciudadanos. O se lo embolsan directamente. Los casos de corrupción, que los hay, se exageran hasta la saciedad y se acaba por identificar política con corrupción. Ya tenemos desprestigiada la política y los políticos.

 

A continuación viene la crisis. Y como los políticos se resisten a confesar que el Estado es tan débil que ya no pinta nada, permiten que el  pueblo los responsabilice a ellos de esta crisis. Esto provoca la caída de todos los gobiernos que se consideraban, nominalmente, de izquierdas.

 

El paso siguiente es darle la puntilla al Estado. Si el Estado no sirve para nada, lo mejor es desmantelarlo. Hay que bajar todavía más los impuestos, reducir los funcionarios al mínimo y entregar los servicios públicos al capital. Es lo que se llama “privatizar”.

 

Se supone que la gestión privada ahorrará costes y será más eficaz que la pública. Que ahorra costes es muy cierto: si cada hospital tiene un presupuesto determinado, conviene ahorrar en análisis, radiografías, ecografías, bajar los sueldos de los sanitarios y mandar a la gente a morirse a su casa para que no salgan en las estadísticas. Y la gente, encima, encantada porque los atienden en “la privada”. La eficacia debe consistir en eso, porque otra cosa no se explica.

 

En cuanto a la enseñanza, lo mismo: hay que subvencionar a la enseñanza privada y que los colegios compitan entre sí para ver cuál es el más bueno y, en consecuencia, el más caro. Ya se sabe: la calidad se paga. Y si los niños de los barrios no quieren estudiar, es su problema. Y además están en su derecho.

 

Ya basta de que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Quién es el Estado para decirme qué cantidad de copas tengo que tomar antes de coger el coche? ¿O para obligarme a pagar un seguro de enfermedad o jubilación? ¿Para qué vamos a pagar una Seguridad Social si, llegado el momento, no pueden abonar las pensiones porque se han gastado el dinero? Que se cuiden de si mismos los políticos que suficiente tienen con los líos que se traen. ¡Viva la libertad!

 

Claro, esto producirá una serie de “generaciones perdidas” y se traducirá en una conflictividad social cada vez mayor. Pero ya está bien, porque la mínima expresión del Estado es el estado policial. Será el triunfo de los que quieren expulsar a Darwin de las aulas y prohibir la masturbación.

 

Todavía hay algún sindicalista que denuncia esto con la boca pequeña, por temor a que le quiten la subvención. Pues mejor que se ponga a gritar, porque está cantado que la va a perder.

 

Parecía que sólo eran los gobiernos de Grecia y España los que no habían hecho sus deberes. Por eso el mercado los castigaba y obligaba a Zapatero a modificar radicalmente su política. Pero, por lo que se ve, los gobiernos de Francia, Inglaterra y Alemania tampoco gobernaban bien. Y a la postre, están tomando medidas más radicales que las de Zapatero. El gobierno británico no sólo reduce el sueldo de sus funcionarios sino que despide directamente a medio millón: los echa a la calle, los deja sin trabajo.

 

Esto no es una crisis económica, es un cambio de modelo. O mejor dicho: la vuelta a un modelo de capitalismo puro y duro, liquidando la sociedad del bienestar que occidente había desarrollado como contraposición a la alternativa socialista. Por eso los primeros estados que los mercados han pasado por la piedra son aquellos en los que gobierna la socialdemocracia. Y ahora toca aplicar la fórmula en los que gestiona la derecha.

 

Dicen que los economistas siempre saben lo que ha sucedido después que ha sucedido; pero por lo visto hay quien no se entera de lo que pasa ni cuando él mismo está sufriendo las consecuencias. Ese parece ser el caso de los sindicatos, exceptuando los franceses, y de los partidos de izquierda.

 

Porque este proceso de derribo hace tiempo que empezó. Empezó inmediatamente después de la caída del bloque soviético. La izquierda quedó tan desconcertada que no supo defender las conquistas sociales resultantes de las políticas de redistribución de la renta. Estas políticas se basaban en el principio de que los ricos pagaban más impuestos que los pobres. Pero los defensores del liberalismo empezaron a predicar la teoría de que disminuir los impuestos generaba una mayor riqueza de la colectividad. Y todo el mundo picó el anzuelo: hasta los partidos llamados de izquierda se aplicaron a disminuir los impuestos.

 

La realidad parecía darles la razón porque la colectividad incrementaba su riqueza de un modo que parecía no tener límite. El problema es que la “colectividad” es una suma; y las políticas liberales iban dejando progresivamente de redistribuir la renta dentro de este colectivo. Lo cierto es que antes de la crisis ya se había consolidado un mercado laboral basado en la precariedad y el mileurismo. Si la riqueza de la gente parecía mantenerse, o incluso aumentar, era porque el descenso en los ingresos se compensaba con la facilidad por endeudarse y vivir a crédito.

 

Hasta que los prestamistas decidieron, de golpe, cerrar la caja y dejar a todo el mundo enseñando las vergüenzas. Ahora resulta que hay que ahorrar para que el estado pueda pagar sus deudas y hay que trabajar más años si queremos cobrar la jubilación que supuestamente teníamos tan asegurada. Y bien, en vez de disminuir los gastos, ¿por qué no vuelven a subir los impuestos al capital?  Así tendrán más ingresos y no habrá peligro de no poder pagar la deuda.

 

La respuesta es que, lo que busca el capital, es desmantelar por completo el estado del bienestar, pasar todos los servicios que ahora presta el estado a la iniciativa privada y acabar de desmontar la poca organización sindical que queda. Y el problema es que los llamados partidos de izquierda, incluidos los herederos más cercanos del comunismo, se pelean por gestionar esta liquidación.

 

¿Esta es la revisión de capitalismo que nos prometieron?